La protección de la mujer embarazada y de los niños y niñas en situación de vulnerabilidad,

 Sin embargo, la pobreza estructural y las consecuencias sociales de la pandemia, plantean nuevos desafíos que debemos afrontar. Para ello, es necesaria una nueva mirada humanizadora del Estado, con una presencia activa para comprender los mecanismos y situaciones que llevan a una mujer embarazada a una situación de gran vulnerabilidad que suele trasladarse a sus hijos e hijas.  Lo expuesto, significa que las políticas sociales en general, pero especialmente las de primera infancia, deben buscar la integración e inclusión social de los grupos vulnerables, víctimas de la cultura del descarte.

Gonzalez Saborido...

El enfoque del cuidado de la salud materno-infantil, desde el punto de vista estratégico y del desarrollo, son inseparables de la sensibilidad y las políticas de cuidado.... Los niños no son "propiedad privada" son hijos de la "aldea" . Transcribo este trabajo de un amigo de larga trayectoria en la búsqueda del bien común desde el conocimiento, la economía y la militancia territorial, que considero de lectura obligada para pensarnos y pensar las políticas sociales.

Por Juan Bautista González Saboridoi Abstract:

Es En este trabajo planteamos la importancia del factor poblacional como elemento clave del poder nacional y su vinculación con las políticas sociales. Dentro de las políticas sociales, a su vez, resultan estratégicas las destinadas a la primera infancia, donde están incluidas las mujeres embarazadas y los niños y niñas en situación de vulnerabilidad.

 Señalamos, luego, que para evitar la exclusión social de la infancia e hipotecar el futuro del desarrollo del país, se necesitan programas integrales y multidimensionales de búsqueda activa, que contemplen instancias de educación para la salud, facilitación de insumos básicos y acceso a los sistemas de salud. Además, dichos programas deben y proteger a las familias y al entorno social y afectivo de los niños, de modo de garantizar los derechos de jerarquía constitucional vulnerados por la lógica de la exclusión y la cultura del descarte. 

1.- Introducción: Cuando se analiza la relevancia de un país en el concierto de las naciones, se suele afirmar que la cantidad y la calidad de su población es un elemento fundamental de su poder nacional. Si bien los restantes elementos (la geografía, la economía, las fronteras, la infraestructura científico-tecnológica, la capacidad militar, la calidad de la diplomacia, el sistema político-administrativo y el carácter y la moral nacional) son importantes, la población y el nivel de desarrollo de sus capacidades es el eje sobre el que se asientan todos los demás1. 

Consiguientemente, la cuestión demográfica está muy relacionada con las posibilidades de desarrollo de los países. Ello debido a que es la base humana de cualquier política que se diseñe con ese objetivo. Por ejemplo, un país en donde su población disminuye y donde los ancianos tienden a ser proporcionalmente más numerosos que los jóvenes, afecta gravemente su productividad, pues se debilita la capacidad de generar riqueza de su población.  Por estas razones, las políticas sociales en cuanto está vinculadas a estos factores demográficos recién mencionados, constituyen para nuestro país una cuestión estratégica de primer orden. 

Las mismas, entonces, están directamente relacionadas al desarrollo de una política poblacional y de arraigo territorial tan urgente como necesaria, debido a la extensión geográfica de nuestra región, a su insuficiente población y a su mala distribución. Así pues, desde esta perspectiva demográfica, podemos afirmar que el activo más importante del país es su capital humano, o dicho de otra forma, las capacidades humanas de su población. Por eso, la exclusión social de cualquier tipo, conspira contra el logro de una comunidad política saludable e integrada, pues genera brechas de desigualdad, menoscaba el capital humano y el capital social de la población hipotecando el futuro desarrollo de un país. 

El capital social es una característica clave de la población y un factor gravitante para su desarrollo. Desde una corriente de las ciencias sociales el capital social ha sido definido como: “… aspectos de la organización social tales como confianza, normas y redes, que pueden mejorar la eficiencia de una sociedad al facilitar la acción coordinada, en tanto que la reciprocidad y el compromiso cívico explican los diferentes niveles de desarrollo económico y democrático”2. 

Esto significa que el término capital social hace referencia a las normas, instituciones y organizaciones que promueven la confianza, la solidaridad, la ayuda recíproca y la cooperación. Va de suyo que en una sociedad en donde se va diluyendo la confianza, la ayuda recíproca y la cooperación, se genera gradualmente fragmentación social, violencia, incertidumbre, conflictividad y anomia. Factores que si se cristalizan dificultan el desarrollo y generan –sin prisa, pero sin pausa- una sociedad patológica.

Por estos motivos, es que planteamos que la cuestión social de la infancia está directamente relacionada con la cuestión demográfica y que adquiere una dimensión estratégica. Desde este enfoque, dentro de los principales problemas a resolver, están los factores que afectan el desarrollo integral durante las primeras etapas de desarrollo de la persona humana, pues ello puede tener efectos irreversibles. En ello radica gran parte de su relevancia e importancia estratégica. 

2.- La relevancia de la primera infancia para el desarrollo: El neuropsiquiatra y presidente de la Comisión de Expertos de los Primeros 1000 días de la vida del niño en Francia, Boris Cyrulnik, asegura que “la desigualdad social empieza en los primeros mil días de vida”.3 Anteriormente, en 1990, el médico británico David Barker ya había detectado una correlación significativa entre el peso de un bebé al nacer y una muerte por enfermedad cardiovascular en la adultez. Luego, a partir de este descubrimiento, fueron identificados numerosos factores que inciden durante los primeros 1.000 días de vida y que tienen implicancias gravitantes en etapas posteriores de la vida.

  Uno de los factores que mayor impacto tiene en el desarrollo es la nutrición. La evidencia sugiere que las personas subnutridas en la niñez presentan más probabilidades de tener obesidad y otras enfermedades crónicas en su adultez, e incluso una esperanza de vida inferior a la de aquellos cuya nutrición fue apropiada.  En este marco, un indicador de extrema importancia a considerar es la tasa de mortalidad infantil. Esta nos indica el riesgo de muerte de los niños menores de un año, y es además un indicador de las condiciones socioeconómicas o del nivel de bienestar de una población. En la Argentina, el 55% de las muertes neonatales y el 68% de las posneonatales son evitables. El 41% de las muertes infantiles ocurren antes de que los niños cumplan una semana de vida.4  Por su parte, la inequidad en el acceso a los servicios de salud de la madre y los niños y niñas afectan directamente a las posibilidades de supervivencia: mientras que en algunas socioeconómico al que pertenecen. Los niños de 4 años provenientes de un nivel socioeconómico (NSE) bajo no superan la incorporación de 180 palabras, en tanto los de NSE medio alto alcanzan las 600. Un niño que crece en un hogar seguro irá al hospital 2 a 5 veces menos que uno proveniente de un entorno vulnerable.9 Claramente, los puntos de partida son muy dispares. Esto refleja el potencial de las intervenciones en la primera infancia: no sólo tienen un mayor retorno que las inversiones en etapas posteriores (debido a su propiedad de complementariedad dinámica), sino que además pueden ser una herramienta muy efectiva para reducir las desigualdades socioeconómicas.  Con respecto a la inseguridad alimentaria en los hogares con niños y niñas, las últimas mediciones realizadas por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en 2020 durante la vigencia de las medidas de Aislamiento Social Preventivo Obligatorio (ASPO), indican que tuvo un incremento de 4 puntos porcentuales, pasando de 26% a 30%. Pero se registra un incremento más significativo, de casi 9 puntos porcentuales, en la inseguridad severa que representa la situación más grave por la que transitan los hogares cuando deben restringir la ingesta de sus hijos/as entre 0 y 17 años (pasó de 6,5% a 15,2% entre 2019 y 2020). La situación guarda relación con la estratificación social de los hogares y es más grave en los hogares monoparentales (por lo general, de jefatura femenina) que en los biparentales. Si bien el contexto es claramente más grave en las poblaciones más vulnerables, en las que se focalizan las ayudas alimentarias, se advierte que podría haber sido peor sin dichas coberturas. En este contexto, los hogares con niños más vulnerables han estado recibiendo diferentes beneficios orientados a atender la emergencia alimentaria. Más de 4 de cada 10 de estos hogares recibió: Tarjeta Alimentar (29,2%), Apoyos alimentarios a través de bolsones de comida (16,1%), y/o comida de los comedores (20,7%). Estas ayudas alimentarias registran una fuerte concentración en el Conurbano Bonaerense, y lógicamente a medidaque desciende el estrato socioeconómico de los hogares. Además, las mismas han logrado una particular cobertura en los hogares monoparentales. Ciertamente, la pobreza estructural es preexistente a la actual pandemia y las desigualdades en la calidad educativa, también. Sin embargo, estas desventajas se profundizarán e imprimirán nuevas marcas en el desarrollo biopsicosocial de muchos niños y niñas con consecuencias en los trayectos educativos y cursos de vida. Es importante remarcar, que no hay posibilidad de equidad en las oportunidades educativas sin equidad en las condiciones de vida, en los recursos sociales y en los culturales.10 Según James Heckman la inversión en programas para niños y niñas vulnerables de 0 a 5 años produce una tasa de retorno anual de 13%, mientras que en niños de 3 a 4 años es de entre 7 y 10%: “hay una sobre inversión en periodos tardíos (reducción de la cantidad de alumnos por profesor, capacitaciones laborales, rehabilitación para personas privadas de libertad, subsidios y gasto en seguridad) y una sub inversión en edades tempranas”.11  Pese a lo dramático de la descripción, lo cierto es que muchas de estas injusticias podrían ser prevenidas mediante la implementación de programas integrales y multidimensionales de búsqueda activa, que contemplen instancias de educación para la salud, facilitación de insumos básicos y acceso a los sistemas de salud, y protejan el entorno social y afectivo de los niños. Un programa multidimensional incluye, de forma conjunta, los aspectos biológicos, físicos, psíquicos y sociales de los niños y niñas y sus entornos, es decir la familia y la comunidad.  Realizar un abordaje de la atención del niño o niña, desde una perspectiva familiar es imprescindible debido a que la familia constituye el ámbito biopsicosocial más próximo en el que se propicia el desarrollo integral de un individuo. En ella el niño o niña aprende formas de relacionarse, de comunicar sus sentimientos y necesidades y las modalidades mediante las cuales estas logran ser atendidas.  

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Esta función fundamental y humanizadora del Estado debe acentuarse en períodos de crisis y traducirse en una gestión que se ponga al servicio de los problemas concretos de los seres humanos, diseñando soluciones a través de herramientas y programas específicos destinados a resolver problemas particulares. Estas premisas implican, por tanto, un Estado al servicio de la población vulnerable a través de programas y políticas que promuevan, coordinen y garanticen un proyecto de vida digno, donde cada hombre, cada mujer y cada niño y niña se realice plenamente en una comunidad política inclusiva, integradora y especialmente cohesionada.

 6.- Conclusión. En este trabajo partimos de la premisa de que la cuestión social de la infancia está directamente relacionada con la cuestión demográfica y que entre los principales problemas a resolver, están los factores que afectan el desarrollo integral durante las primeras etapas de desarrollo de niños y niñas, pues ello puede tener efectos irreversibles. Hemos presentado en forma somera cuales son los principios rectores que surgen a partir de los derechos establecidos en la Constitución Nacional y en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, los cuales deben informar las políticas públicas en relación tanto de la mujer embarazada, como de los niños y niñas en situación de vulnerabilidad. La concreción de estos principios rectores a nivel nacional tuvo una relevante implementación a través del Decreto 1602/2009 que creó la Asignación Universal por Hijo (AUH) beneficiando en el año 2001 a 1,8 millones de hogares y 3,5 millones de niños y política que fue mantenida y aumentada durante estos años, pese a los cambios de gobierno. Sin embargo, la pobreza estructural y las consecuencias sociales de la pandemia, plantean nuevos desafíos que debemos afrontar. Para ello, es necesaria una nueva mirada humanizadora del Estado, con una presencia activa para comprender los mecanismos y situaciones que llevan a una mujer embarazada a una situación de gran vulnerabilidad que suele trasladarse a sus hijos e hijas.  Lo expuesto, significa que las políticas sociales en general, pero especialmente las de primera infancia, deben buscar la integración e inclusión social de los grupos vulnerables, víctimas de la cultura del descarte. Como exhorta el Papa Francisco en su última encíclica  “Fratelli Tutti”, en el número 67, cuando comenta la parábola del buen samaritano y su relación con un modelo social y político inspirado en el evangelio: “Esta parábola es un ícono iluminador, capaz de poner de manifiesto la opción de fondo que necesitamos tomar para reconstruir este mundo que nos duele. Ante tanto dolor, ante tanta herida, la única salida es ser como el buen samaritano. (…)La parábola nos muestra con qué iniciativas se puede rehacer una comunidad a partir de hombres y mujeres que hacen propia la fragilidad de los demás, que no dejan que se erija una sociedad de exclusión, sino que se hacen prójimos y levantan y rehabilitan al caído, para que el bien sea común…”13. 13 Papa Francisco, Carta Encíclica “Fratelli Tutti” de fecha 3 de octubre de 2020, consulta en línea el 9 de noviembre de 2021 en Docum F T 

Por lo tanto, nuestra conclusión es para garantizar los derechos de las mujeres embarazadas y de los niños y niñas en situación de vulnerabilidad, necesitamos diseñar una política pública  de búsqueda activa, que los proteja, acompañe y asista en medio de dichas circunstancias.  Dicha política les debe otorgar a las madres un horizonte de esperanza para la crianza de sus hijos por medio de programas integrales y multidimensionales que contemplen instancias de educación para la salud, facilitación de insumos básicos y acceso a los sistemas de salud.  Finalmente, dichas políticas, también se deben proponer la protección de las familias y del entorno social y afectivo de los niños, pues de esta manera se contribuye decididamente al desarrollo integral de la patria. 

G. Saborido

iAbogado, Magister en Ciencias de la Legislación, Profesor e Investigador Universitario (USAL), Profesor de Derecho de la Seguridad Social en la carrera de Relaciones del Trabajo de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA), Coordinador del seminario permanente de investigación “Política, Derecho y Sociedad en el mundo contemporáneo” de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad del Salvador.