Comunicado del Bloque FPV

  comunicado, y resumen del texto de GRACIANA PEÑAFORT

Los diputados del bloque del FpV-PJ expresamos nuestra solidaridad y acompañamiento al reclamo generado a través de las redes sociales para que el presidente Mauricio Macri convoque al Congreso Nacional a sesiones extraordinarias.

Nuestro bloque viene reiterando el pedido para que se convoque a extraordinarias desde hace más de 20 días luego de que el presidente Macri, en una decisión abiertamente inconstitucional, intentó nombrar a dos jueces de la Corte Suprema de Justicia por decreto, sin el insoslayable aval del Senado de la Nación.

A este decreto le siguieron otros ilegales y violatorios de la Constitución Nacional y las instituciones de la República, que incluyen la reforma y hasta la derogación de leyes sancionadas democráticamente por este Congreso, la remoción de funcionarios también designados democráticamente por el Parlamento, y el intento de legislar por decreto en cuestiones penales –otra cuestión expresamente prohibida por la Constitución en su artículo 99-. Todo esto sumado a que muchas disposiciones se aplicaron de facto, antes incluso de su publicación en el Boletín Oficial y desoyendo medidas judiciales.

Si hay algo necesario y urgente es que el Congreso se reúna para validar o rechazar esta batería de decretos, tal como lo dispone la Constitución Nacional en su artículo 99, y para legislar en toda cuestión que el Ejecutivo considere pertinente. Pero para reunir a las Cámaras no basta con la voluntad de los legisladores: fuera del periodo ordinario de sesiones –como nos encontramos hasta marzo-, la Constitución en su artículo 63 dice que “pueden también ser convocadas extraordinariamente por el Presidente de la Nación”, convocatoria que a la fecha no se ha producido.

Paralelamente, las autoridades de ambas Cámaras se niegan a firmar actos administrativos, con lo cual asistimos a una virtual disolución del Parlamento. Por citar sólo dos ejemplos, la designación del titular de la AGN fue inexplicablemente demorada hasta ayer; y aún estamos a la espera de la firma para el segundo miembro del Consejo de la Magistratura que por ley le corresponde a este bloque, y que en otro atropello institucional pretendieron otorgársela a un integrante de un bloque minoritario -intento frenado por varias medidas cautelares y que derivó en una denuncia penal contra el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó-.

En noviembre, Mauricio Macri fue elegido para conducir el Poder Ejecutivo de la Nación. Pero antes, en octubre, los argentinos elegimos a nuestros representantes en el Congreso. Y desde el 10 de diciembre, a los representantes del pueblo democráticamente electos no nos dejan trabajar.

Por eso invitamos a los diputados de todos los bloques políticos a que se sumen a este reclamo para que se nos permita cumplir con los derechos y las obligaciones que nos confiere la Constitución Nacional. A los dirigentes que se rasgaron las vestiduras en nombre de las instituciones y la República, los invitamos a abandonar el silencio cómplice y acompañarnos en la defensa de las instituciones y la República. Al presidente de la Nación le exigimos que ponga fin al avasallamiento de las instituciones y convoque inmediatamente a sesiones extraordinarias.

Párrafo a considerar:

A los legisladores de la alianza gobernante les pedimos que se saquen la careta y recuerden que fueron ellos quienes presentaron un proyecto para que el Congreso quede automáticamente convocado cuando se dicte un DNU

ELEFANTE EN UN BAZAR

El Poder Ejecutivo Nacional, encabezado por Mauricio Macri y con la complicidad de sus ministros, pretende avanzar en la derogación de las leyes de Servicios de Comunicación Audiovisual (ley 26522) y de Argentina Digital (ley 27078). Como –lamentablemente- ya lo hicimos en varias ocasiones, los diputados del bloque del FpV-PJ expresamos nuestro rechazo a un Poder Ejecutivo que ha decidido gobernar el país sin respetar la Constitución, pasando por alto los principios y lineamientos de los pactos y tratados de Derechos Humanos, desconociendo al Poder Judicial, y clausurando el Congreso de la Nación al no llamar a sesiones extraordinarias.

El 4 de enero salió publicado en un tardío Boletín Oficial el DNU 257/2015, en el que se modifican sustancialmente las leyes 26522 y 27078. Para proceder a la publicación de este decreto el Poder Ejecutivo cometió al menos dos delitos. El primero fue el incumplimiento de una orden judicial (art. 239 del Código Penal) toda vez que el 31 de diciembre fue notificado de la medida cautelar interina impuesta por el Dr. Luis Arias, en la que se ordenó -con carácter precautelar- “la prohibición de innovar (…) ordenando al Poder Ejecutivo Nacional se abstenga de suprimir o afectar derechos adquiridos y/u otorgar nuevos derechos vinculados al ejercicio de la competencia y funcionamiento de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, a partir de la interposición de la demanda de autos (día 29/12/2015)”. Pese a estar vigente y notificada la medida judicial e incluso sin haber sido apelada, Macri continuó con la publicación y ejecución del decreto 267/2015, que modifica, elimina y suprime funciones de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual.

El segundo delito: el decreto 267/2015 ha sido consignado con fecha falsa, configurando una adulteración de documento público (art. 292 del CP). Dijo el jefe de Gabinete de Ministros en conferencia de prensa el 30 de diciembre: “Hoy estamos firmando un Decreto de Necesidad y Urgencia que crea el Ente Nacional de Comunicaciones, que dependerá del Ministerio de Comunicaciones y que absorbe las funciones del AFSCA y de la AFSTIC, que a partir de la publicación del decreto mañana dejaran de existir como tales”. Ahora bien, el decreto 267/2015 aparece fechado el día 29 de diciembre, fecha a todas luces falsa, entre otras cosas porque el Ejecutivo no se encontraba siquiera en Buenos Aires. Tampoco estaba asistiendo a los afectados por las inundaciones en el Litoral del país. Estaba de vacaciones en Villa La Angostura.

Además, el DNU 267/2017 avanza sobre garantías específicas para la libertad de expresión que estaban consagradas en la ley 26522:

* El nuevo organismo regulador (ENACOM) que se pretende instaurar se conforma con 7 miembros, de los cuales 4 son elegidos por el Poder Ejecutivo, incluido un presidente que cuenta con doble voto. Los otros tres miembros son elegidos por una Comisión Bicameral. Pero todos los miembros, incluso los designados por el Congreso, pueden ser removidos “por el Poder Ejecutivo Nacional en forma directa y sin expresión de causa” (art. 5 del decreto). Esto contradice de plano el criterio de independencia del Poder Ejecutivo que exigen los organismos de derechos humanos para las autoridades de aplicación de las leyes que regulan a los medios de comunicación, como por ejemplo en la “Declaración conjunta sobre diversidad en la radiodifusión” (2007) o el Informe 2009 de la Relatoría Especial de Libertad de Expresión de la OEA.

* Viola el principio de “la necesaria participación de las asociaciones de consumidores y usuarios y de las provincias interesadas, en los organismos de control”, contenido en el artículo 42 de la Constitución Nacional. Lo hace al suprimir los Consejos Federales que designaban miembros en los directorios de AFCA y AFTIC y que poseían la facultad de controlar e incluso remover a los miembros de dichos directorios. En estos Consejos participaban las provincias, universidades, asociaciones del sector y gremios de la actividad.

* Viola la participación ciudadana en la renovación de licencias, estableciendo la renovación automática. La ley 26522 prevé en su artículo 40 que “las licencias serán susceptibles de prórroga por única vez, por un plazo de 10 años, previa celebración de audiencia pública realizada en la localidad donde se preste el servicio”. Esta norma que asegura la participación democrática de la ciudadanía es remplazada por un régimen de renovación de licencias automáticas.

* Deroga los controles antimonopólicos. La TV por cable pasa de tener un límite del 35% de usuarios nacionales y licencias limitadas territorialmente, a ningún tipo de límite. También se amplía el número de licencias de canales de televisión o radios, de 10 licencias por propietario como establece la ley 26522 a 15. Como el espectro radioeléctrico es un recurso limitado, tenemos que señalar que para que una sola persona o grupo económico pueda pasar a tener 15 licencias en lugar de 10, significa que hay 5 personas que se pierden la posibilidad de tener un medio de comunicación audiovisual. Porque donde hay concentración mediática, significa que un grupo se apropia de las voces del conjunto de la sociedad.

* Anula las facultades de control del Estado en la titularidad de licencias, estableciendo un régimen de aprobación tácita pasados 90 días desde que se informa la operación de compra de una licencia. Hace ya varios años, la Sindicatura General de la Nación señaló que “la derogación del principio de intransferibilidad de las licencias (…), sin acotamiento temporal, desvirtúa todo el sistema de selección de adjudicación de licencias de radiodifusión y el consiguiente contralor del Estado Nacional en la materia”. También señalo la SIGEN que la falta de control en las transferencia de licencias impedía la aplicación de controles antimonopólicos y además permitía operaciones en las que no se analizaba el origen de los fondos. Debe señalarse que en forma coincidente, en el Informe sobre Lavado de Activos presentado por la legisladora Elisa Carrió se señalaban operaciones de trasferencias de licencias realizadas presuntamente con dinero proveniente del lavado.

El Frente para la Victoria discutió democráticamente las leyes que Mauricio Macri pretende derogar por DNU, con audiencias públicas y participación ciudadana. Estas leyes pasaron incluso por controles de constitucionalidad ante la Corte Suprema. Y hasta tanto no se expidió el Poder Judicial, respetamos las sentencias y las medidas cautelares. Porque defendemos inclaudicablemente la libertad de expresión.

El Sistema Interamericano de Derechos Humanos señala que “la libertad de expresión, en todas sus formas y manifestaciones, es un derecho fundamental e inalienable, inherente a todas las personas. Es, además, un requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática.” Mauricio Macri parece haberlo olvidado. Los diputados del FpV-PJ no. Y actuaremos en consecuencia.