La Constitución Nacional y la provincial,
consagran como un derecho la gratuidad de la Educación y a la vez como una
obligación. Con el criterio sabio de que el capital social generado, aporta al
desarrollo de toda la comunidad además de generar bienestar para los propios
ciudadanos mejor capacitados para adaptarse a las normas de convivencia y por
carácter transitivo a los convivientes.
Pero la legislación es algo dinámico y se genera
a partir de los usos y costumbres. Entonces las costumbres que se fueron
desarrollando en los últimos años, facilistas y cómodas, como cobrar la
cooperadora al momento de la inscripción, se convierten hoy en un atentado.
Digo facilistas y cómodas, porque ante los
manejos de l@s director@s y el autoritarismo de muchos docentes que consideran
a la escuela como una institución militar y al poder minúsculo que les da esa
institución en un permiso para beneficiarse del esfuerzo de los padres, la
participación en las Cooperadoras se fue resintiendo hasta prácticamente
desaparecer. Actualmente es el directivo el que nombra al presidente de la
cooperadora y el que toma las decisiones.
Una vez más como en todos los periodos de
retracción del estado (los fondos de la educación publica se redujeron un 20%
en términos relativos) se transfiere la carga de la logística, el mantenimiento y hasta los
insumos de las escuelas a los propios padres que ya aportan el 21% de todo lo
que consumen para garantizar la gratuidad.
La cuestión es que se volvió costumbre exigir
compulsivamente el pago de la cooperadora, con montos arbitrariamente
establecidos, al momento de la inscripción y al trato despectivo y expulsivo a
quienes se niegan o NO PUEDEN PAGAR.
Pero este texto puede parecer muy técnico y
difícil de entender si no vamos al caso concreto.
El Barrio Molina Punta que en los años 90 tenia
una escuelita rural (323 Islas Malvinas) gestionada y sostenida por las
familias de ladrilleros y pescadores, ante mucha insistencia logro cambiar su
edificio que era de pre moldeados y que desbordaba a las aulas su pozo negro ante
cada lluvia, por el “ÚNICO EDIFICIO ESCOLAR” inaugurado por De La Rúa antes de
escaparse en helicóptero.
Desde entonces esa escuela y el secundario
“Arturo Frondizi” funcionan en un edificio más adecuado, pero insuficiente para
la población de tamaña barriada.
Desde entonces y por múltiples mecanismos se
viene dando la expulsión de los chicos de las familias originales del barrio e
instalando el concepto de que el Frondizi es un colegio de élite solo para los
niños del barrio de profesionales. Desde el maltrato, la imposición de uniformes ( negociados con una sola
costurera), la persecución y el “arancelamiento encubierto” se fue logrando que
los niños más carenciados migren hacia otros colegios medianamente cercanos o
al centro, con los gastos y contratiempos que esto ocasiona.
Esta vez una madre vecina que formó pareja hace
unos diez años y tiene al menos tres hijos en edad escolar, me vino con el
lamento. Esta chica con graves problemas de alcoholismo y salud mental en su
familia y su entorno, viene desempeñadose en forma admirable, acompañando a sus
hijos, a pesar de no saber leer ni escribir, defendiéndose con un magro salario
de “Agente de seguridad privada” de su marido que se vino del fondo del campo
sin mucha instrucción y se dedica amorosamente a sus hijos a pesar del
hacinamiento en el que viven.
Con tres hijos en edad escolar, fue aportando en
cuotas los seiscientos pesos que le “exigen” de cooperadora al momento de la
inscripción. Si bien tienen un sueldito, ya el año pasado tuvieron un conflicto
porque la leche no alcanza para todos y los adultos de la casa dejaron de
tomarla. Luego de pagar la Cooperadora, ahora al igual que el Instituto de
profesorado de Educación Física y muchas otras instituciones de educación
gratuita, también le cobran $50 la ficha de inscripción. Una hojita de
fotocopia, con un sello de la escuela para que no puedan traer la fotocopia
hecha por su cuenta. No es mucho dinero, pero crea desigualdad, estigmatiza, no
permite una justa carrera meritocratica porque algunos parten desde muy atrás.
Para esta familia significa un kilo y medio de leche que puede servir para que
esa madre no pierda todos sus dientes.O para que sus hijos no tengan baja
talla.
Hay antecedentes. Justamente durante la
Intervención federal se había prohibido (especialmente en instituciones de
salud) el cobro de bonos contribución o cuotas de cooperadoras al momento de la
prestación del servicio. Con muy buen criterio se consideraba que configuraba
un “ARANCELAMIENTO ENCUBIERTO” este tipo de colaboraciones que en teoría son
voluntarias pero que con el tiempo y la sistemática se convierten en fijos y
compulsivos. O en todo caso si esto pasa, es muy dificil de controlar por el
nivel central.
Llamativamente es un discípulo de la UCR quien
creara hace poco tiempo una Cooperadora de los CAPS y hoy también llegan quejas
de la exigencia de un “bono contribución” al momento de sacar el turno.
Sin dudas la cultura toda ha mutado de la
solidaridad de las pequeñas comunidades rurales o semirurales y los talleres de
las fabricas al individualismo de las megalopolis… pero me resisto a aceptar la
ley de la selva y el más violento Darwinismo Social para la construcción de la
cultura. Mucho he discutido con profesionales muy acomodados y que disfrutan de
vacaciones en el exterior respecto de la gratuidad de la educación y de la
salud.
El respeto por los convenios pactados, la
relación de igualdad con el paciente, todo se resiente ante la cada vez más
extendida cultura del “plus” que, autoritaria, arbitraria e ilegalmente
imponen los profesionales a sus pacientes, rehenes de un conocimiento que
ayudaron a pagar a través de sus impuestos.
No estamos o "todavía no estamos", en una sociedad
liberal y de castas como la de la India donde cada uno se tiene que aguantar la
clase social que le tocó en suerte y como castigo de alguna macana hecha en la
vida anterior. No es la libertad de la transacción entre el fuerte y el débil
lo que elegimos como estilo de sociedad.
Somos cristianos, creemos que cada uno puede
forjar su propio destino y que el estado debe garantizar la justicia en los
contratos. Pero además que un profesional de la salud no reconozca el regalo
que le hicieron sus pacientes al ofrecerle educación gratuita durante toda la
vida y el acceso a la Universidad Pública y Gratuita donde lograron adquirir el
conocimiento que ahora venden, es sin dudas una arista más de la descomposición
social, que más allá de los gobiernos que elegimos, nos viene carcomiendo la
solidaridad. A donde pensamos llegar?
Solicito a los diputados y senadores provinciales
que todavía creen en la solidaridad y el rol del estado como protector de las
relaciones de justicia entre los ciudadanos que legislen respecto a la
“Gratuidad de la Educación y la Salud” y en especial que creen la figura de
“ARANCELAMIENTO ENCUBIERTO”. Para que los
que prefieren la ley de la selva, se saquen las mascaras. Es desleal sostener que
la Educación y la Salud siguen siendo gratuitos, si vamos sumando mecanismos para
cobrar las prestaciones en forma solapada.
Y a los chantas que cobran un “copago” a las prestaciones medicas que se animen a
entregar boleta por los mismo. Sin dudas la negativa acerrima de los señores de
la ética y la moral se debe a que conocen el riesgo de ser acusados de estafa,
cuando reciben el pago con un cheque de un tercer pagador y exigen además un
nuevo pago por el mismo servicio.
Espero no ver en la cola de la “comunnion” a
ninguno de los que exigen “ARANCELAMIENTO ENCUBIERTO” o plus sin factura… a los
pastores también les compete hablar de estos temas...
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